Gobierno dispondrá de más fondos para sistema de vivienda
Trabajadores y empleadores financiarán al sector con ajuste del aporte
El proyecto de Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda, obliga a empleados y patronos a incrementar su contribución al régimen habitacional, y ese ajuste en el aporte le garantiza al Ejecutivo Nacional una mayor disponibilidad de recursos para el sector.
El Presidente Hugo Chávez Frías y el ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, han señalado que los recursos previstos en el presupuesto ordinario son para atender los gastos del despacho, y que la inversión real en el sector está sujeta a los ingresos excedentes.
El Gobierno en la propuesta de marco legal establece que los trabajadores y patronos tendrán que aportar al sistema 8% del salario mensual, cuando en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda se contempla una contribución de 3%.
Ese aumento garantiza un mayor saldo del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, que es el mecanismo que maneja las contribuciones, y que según la Ley de Vivienda se emplea para entregar créditos a los cotizantes que devengan hasta 7.000 bolívares mensuales, y además financia los planes, obras y acciones requeridas por el sector vivienda.
El Gobierno cada año tendrá más recursos, debido a que la propuesta indica que la contribución será incrementada anualmente. Para el próximo año el despacho de la Vivienda cuenta por la vía ordinaria con 1 millardo de bolívares (cerca de 400 millones de dólares).
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, señala que ese ajuste en el aporte de patronos y empleados indica que hay necesidades para atender la construcción de unidades.
El vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, considera que el aumento demuestra que al no haber fondos suficientes se tienen que utilizar a los trabajadores para cubrir los requerimientos.
Control
La propuesta de Ley de Emergencia, además de ampliar las vías de financiamiento del sistema, crea un indicador para las operaciones inmobiliarias.
Aunque en junio del pasado año se prohibió el cobro del índice de precios al consumidor en los contratos de preventa, el proyecto crea la moneda de la construcción, que justamente será el indicador que regirá las transacciones y que aumentará cada año, según los estudios que realice el Instituto Nacional de Tierras Urbanas.
Aquiles Martini, expresa que por esta vía el Gobierno reconoce que se tienen que efectuar aumentos en los precios de las viviendas, sin embargo, expresa que el indicador genera dudas, porque se desconocen los criterios que se utilizarán en la determinación de la moneda.
Roberto Orta, añade que mediante esa moneda de la construcción habrá un control en los precios del mercado primario, dado que las operaciones estarán sujetas a ese patrón.
En el mercado secundario por ahora no existirá la obligatoriedad de emplear esa moneda, la propuesta, señala que los propietarios de las viviendas "podrán usar" ese indicador.
Discrecionalidad
El vicepresidente de Apiur, comenta que el nuevo marco legal es más discrecional en el proceso de ocupación de los terrenos urbanos ociosos.
Explica que la Ley de Tierras Urbanas, que está vigente desde octubre de 2009, prevé pasos para efectuar la ocupación de los espacios, pero el nuevo instrumento no incluye los procedimientos administrativos.
"La propuesta no establece ni juicios, ni indemnizaciones. No existen parámetros".
El proyecto, dice que los terrenos urbanos ociosos y los medios de construcción se declaran como de utilidad pública y apunta que quedan afectados los inmuebles propiedad de la República, los terrenos baldíos de la República, los terrenos municipales, y además los inmuebles privados quedan sujetos al cumplimiento del carácter de interés público.
Para Orta la discrecionalidad también se observa cuando el Gobierno central puede disponer de las tierras municipales cuando ello es competencia de las autoridades regionales.
Expresa que la ley incrementa las facultades del primer mandatario nacional en materia de vivienda, debido a que el Instituto de Tierras Urbanas estará adscrito a la Presidencia de la República, y acota que ese ente tendrá funciones similares a que las que posee el Ministerio de Vivienda.
EL UNIVERSAL
El proyecto de Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda, obliga a empleados y patronos a incrementar su contribución al régimen habitacional, y ese ajuste en el aporte le garantiza al Ejecutivo Nacional una mayor disponibilidad de recursos para el sector.
El Presidente Hugo Chávez Frías y el ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, han señalado que los recursos previstos en el presupuesto ordinario son para atender los gastos del despacho, y que la inversión real en el sector está sujeta a los ingresos excedentes.
El Gobierno en la propuesta de marco legal establece que los trabajadores y patronos tendrán que aportar al sistema 8% del salario mensual, cuando en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda se contempla una contribución de 3%.
Ese aumento garantiza un mayor saldo del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, que es el mecanismo que maneja las contribuciones, y que según la Ley de Vivienda se emplea para entregar créditos a los cotizantes que devengan hasta 7.000 bolívares mensuales, y además financia los planes, obras y acciones requeridas por el sector vivienda.
El Gobierno cada año tendrá más recursos, debido a que la propuesta indica que la contribución será incrementada anualmente. Para el próximo año el despacho de la Vivienda cuenta por la vía ordinaria con 1 millardo de bolívares (cerca de 400 millones de dólares).
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, señala que ese ajuste en el aporte de patronos y empleados indica que hay necesidades para atender la construcción de unidades.
El vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, considera que el aumento demuestra que al no haber fondos suficientes se tienen que utilizar a los trabajadores para cubrir los requerimientos.
Control
La propuesta de Ley de Emergencia, además de ampliar las vías de financiamiento del sistema, crea un indicador para las operaciones inmobiliarias.
Aunque en junio del pasado año se prohibió el cobro del índice de precios al consumidor en los contratos de preventa, el proyecto crea la moneda de la construcción, que justamente será el indicador que regirá las transacciones y que aumentará cada año, según los estudios que realice el Instituto Nacional de Tierras Urbanas.
Aquiles Martini, expresa que por esta vía el Gobierno reconoce que se tienen que efectuar aumentos en los precios de las viviendas, sin embargo, expresa que el indicador genera dudas, porque se desconocen los criterios que se utilizarán en la determinación de la moneda.
Roberto Orta, añade que mediante esa moneda de la construcción habrá un control en los precios del mercado primario, dado que las operaciones estarán sujetas a ese patrón.
En el mercado secundario por ahora no existirá la obligatoriedad de emplear esa moneda, la propuesta, señala que los propietarios de las viviendas "podrán usar" ese indicador.
Discrecionalidad
El vicepresidente de Apiur, comenta que el nuevo marco legal es más discrecional en el proceso de ocupación de los terrenos urbanos ociosos.
Explica que la Ley de Tierras Urbanas, que está vigente desde octubre de 2009, prevé pasos para efectuar la ocupación de los espacios, pero el nuevo instrumento no incluye los procedimientos administrativos.
"La propuesta no establece ni juicios, ni indemnizaciones. No existen parámetros".
El proyecto, dice que los terrenos urbanos ociosos y los medios de construcción se declaran como de utilidad pública y apunta que quedan afectados los inmuebles propiedad de la República, los terrenos baldíos de la República, los terrenos municipales, y además los inmuebles privados quedan sujetos al cumplimiento del carácter de interés público.
Para Orta la discrecionalidad también se observa cuando el Gobierno central puede disponer de las tierras municipales cuando ello es competencia de las autoridades regionales.
Expresa que la ley incrementa las facultades del primer mandatario nacional en materia de vivienda, debido a que el Instituto de Tierras Urbanas estará adscrito a la Presidencia de la República, y acota que ese ente tendrá funciones similares a que las que posee el Ministerio de Vivienda.
EL UNIVERSAL
jueves 2 de diciembre de 2010 12:00 AM
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