Preocupan parámetros para fijar precios de viviendas
Dic 02, 2010, 02:07 AM
del salario básico aportarán trabajadores a fondo de ahorro de vivienda. El monto vigente es de 2% del salario integral.
5%
del salario integral de los trabajadores será la contribución de los patronos. Hoy aportan 2%.
10%
es la porción de la cartera de créditos total que la banca debe destinar a financiar compra y construcción de vivienda. El proyecto contempla una nueva gaveta. Observan que se habla de consenso, pero se pretende fijar precios de venta de viviendas Cuestionan amplias facultades otorgadas a jueces, quienes podrán desconocer contratos Ingrid Rojas R.
irojas@cadena-capriles.com
Dudas es lo que ha generado en el sector económico el proyecto de Ley de Emergencia de Terrenos Urbanos y Vivienda, aprobado el pasado lunes en primera discusión en la Asamblea Nacional.
Un análisis preliminar de sectores ligados al área inmobiliaria advierte que el documento es discrecional, contempla la concentración de facultades y compromete aún más la propiedad privada al incluir la ocupación previa de terrenos en caso de urgencia.
Si bien muchos de los aspectos contemplados forman parte de leyes anteriores como la del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y de Tierras Urbanas,
"Es una mezcla de varias leyes", comentó un empresario ligado al sector construcción, a quien le preocupa que el proyecto no precise los parámetros a considerar a la hora de fijar los precios del metro cuadrado para la venta de las viviendas, más allá de la estructura de costos.
De acuerdo al citado papel de trabajo, esto puede generar graves consecuencias a la hora de determinar de precios de venta, más aún si se toma en cuenta la regulación de los materiales de construcción que no solo escasean sino que, al estar regulados, desaparecen y son vendidos al mejor postor.
El análisis señala que los precios de los materiales de construcción están regulados, por lo que el proyecto estaría creando una redundancia al respecto, en vez de corregir consecuencias de este hecho como la escasez.
Nada nueva
Promotores observan con interés la creación de la Moneda de Construcción.
De hecho, fuentes del sector señalaron que la iniciativa fue planteada a la Asamblea Nacional por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela en el marco de la discusión del proyecto de ley de preventa de viviendas en construcción o por construirse.
Un empresario del área inmobiliaria comentó que existen experiencias de este tipo en países latinos como Chile, por lo que no se trata de nada raro, mucho menos de una novedad.
Según el proyecto, la Moneda de Construcción se ajustará los primeros 30 días de cada año calendario. Sin embargo, genera preocupación el hecho de que no se precisen los criterios de revisión de su valor.
"Si se pensara utilizar como referencia la inflación se estaría reconociendo que fue un error prohibir el cobro del Indice de Precios al Consumidor (IPC,", comentó un promotor inmobiliario.
De acuerdo al proyecto, el valor en bolívares del indicador será definido en función de estudios económicos vinculados con los factores que inciden en los costos promedios para la construcción de viviendas familiares, y será publicado en Gaceta Oficial.
El estudio advierte sobre las consecuencias y, especialmente el "caos financiero" de las modalidades de financiamiento establecidas en el nuevo instrumento en caso de que no se concerte con la banca.
Actualmente el sistema financiero público y privado aporta 10% de la cartera bruta de crédito a préstamos hipotecarios.
De ser sancionado el proyecto legal, la banca tendrá que destinar una nueva cartera para financiar la adquisición de viviendas por parte de los trabajadores.
Sin embargo, no precisa la cuota que deberá aportar para cumplir con la obligación.
Analistas del sistema financiero dijeron que se trata de "una carta al Niño Jesús" hasta tanto no se precisen las condiciones (tasas, montos, etcétera) de ese nuevo compromiso.
Analistas observan que hay cierto interés del Ejecutivo en la relación con el sector privado, pero se preguntan bajo qué términos y condiciones.
Según el análisis, de cumplirse lo pautado en el proyecto, se acabarían las construcciones ilegales, dadas las exigencias en materia ambiental y la necesidad de evitar el "riesgo vital".
En puertas la segunda discusión
Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, informó que la instancia está consultando el proyecto con los sectores "afectados", entre ellos el Ejecutivo, los Consejos Comunales y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
El diputado no supo responder algunas dudas respecto al proyecto. Sin embargo, aseguró que el martes próximo la propuesta será sometida a segunda discusión, con lo cual quedaría sancionada.
del salario básico aportarán trabajadores a fondo de ahorro de vivienda. El monto vigente es de 2% del salario integral.
5%
del salario integral de los trabajadores será la contribución de los patronos. Hoy aportan 2%.
10%
es la porción de la cartera de créditos total que la banca debe destinar a financiar compra y construcción de vivienda. El proyecto contempla una nueva gaveta. Observan que se habla de consenso, pero se pretende fijar precios de venta de viviendas Cuestionan amplias facultades otorgadas a jueces, quienes podrán desconocer contratos Ingrid Rojas R.
irojas@cadena-capriles.com
Dudas es lo que ha generado en el sector económico el proyecto de Ley de Emergencia de Terrenos Urbanos y Vivienda, aprobado el pasado lunes en primera discusión en la Asamblea Nacional.
Un análisis preliminar de sectores ligados al área inmobiliaria advierte que el documento es discrecional, contempla la concentración de facultades y compromete aún más la propiedad privada al incluir la ocupación previa de terrenos en caso de urgencia.
Si bien muchos de los aspectos contemplados forman parte de leyes anteriores como la del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y de Tierras Urbanas,
"Es una mezcla de varias leyes", comentó un empresario ligado al sector construcción, a quien le preocupa que el proyecto no precise los parámetros a considerar a la hora de fijar los precios del metro cuadrado para la venta de las viviendas, más allá de la estructura de costos.
De acuerdo al citado papel de trabajo, esto puede generar graves consecuencias a la hora de determinar de precios de venta, más aún si se toma en cuenta la regulación de los materiales de construcción que no solo escasean sino que, al estar regulados, desaparecen y son vendidos al mejor postor.
El análisis señala que los precios de los materiales de construcción están regulados, por lo que el proyecto estaría creando una redundancia al respecto, en vez de corregir consecuencias de este hecho como la escasez.
Nada nueva
Promotores observan con interés la creación de la Moneda de Construcción.
De hecho, fuentes del sector señalaron que la iniciativa fue planteada a la Asamblea Nacional por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela en el marco de la discusión del proyecto de ley de preventa de viviendas en construcción o por construirse.
Un empresario del área inmobiliaria comentó que existen experiencias de este tipo en países latinos como Chile, por lo que no se trata de nada raro, mucho menos de una novedad.
Según el proyecto, la Moneda de Construcción se ajustará los primeros 30 días de cada año calendario. Sin embargo, genera preocupación el hecho de que no se precisen los criterios de revisión de su valor.
"Si se pensara utilizar como referencia la inflación se estaría reconociendo que fue un error prohibir el cobro del Indice de Precios al Consumidor (IPC,", comentó un promotor inmobiliario.
De acuerdo al proyecto, el valor en bolívares del indicador será definido en función de estudios económicos vinculados con los factores que inciden en los costos promedios para la construcción de viviendas familiares, y será publicado en Gaceta Oficial.
El estudio advierte sobre las consecuencias y, especialmente el "caos financiero" de las modalidades de financiamiento establecidas en el nuevo instrumento en caso de que no se concerte con la banca.
Actualmente el sistema financiero público y privado aporta 10% de la cartera bruta de crédito a préstamos hipotecarios.
De ser sancionado el proyecto legal, la banca tendrá que destinar una nueva cartera para financiar la adquisición de viviendas por parte de los trabajadores.
Sin embargo, no precisa la cuota que deberá aportar para cumplir con la obligación.
Analistas del sistema financiero dijeron que se trata de "una carta al Niño Jesús" hasta tanto no se precisen las condiciones (tasas, montos, etcétera) de ese nuevo compromiso.
Analistas observan que hay cierto interés del Ejecutivo en la relación con el sector privado, pero se preguntan bajo qué términos y condiciones.
Según el análisis, de cumplirse lo pautado en el proyecto, se acabarían las construcciones ilegales, dadas las exigencias en materia ambiental y la necesidad de evitar el "riesgo vital".
En puertas la segunda discusión
Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, informó que la instancia está consultando el proyecto con los sectores "afectados", entre ellos el Ejecutivo, los Consejos Comunales y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
El diputado no supo responder algunas dudas respecto al proyecto. Sin embargo, aseguró que el martes próximo la propuesta será sometida a segunda discusión, con lo cual quedaría sancionada.
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