Proyecto de la Ley de Arrendamiento indica que el metro cuadrado de terreno costará igual en todo el territorio nacional

Ya está canalizado el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios en el seno de la Asamblea Nacional. El texto fue enviado a la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos de la para que fuese discutido en el marco de la Urgencia Legislativa aprobada por el fuero parlamentario el pasado martes 29 de marzo.

Este proyecto de ley, entregado  ante las autoridades del Poder Legislativo por las Redes de Inquilinos e Inquilinas a escala nacional y el Movimiento de Pobladores, tiene como objetivo regular y controlar los alquileres de viviendas y habitaciones de manera cónsona a los lineamientos enmarcados en las decisiones tomadas por el Ejecutivo Nacional en el manejo de la contingencia de la actual crisis habitacional.
Con la aprobación de este proyecto de ley, en primera discusión parlamentaria, se encaminó la preparación de su texto para su segunda discusión y promulgación en el menor tiempo posible.

LO QUE TRAE LA LEY

Entre su articulado preliminar, este proyecto plantea, entre varias cosas importantes, la flexibilización de la morosidad de los inquilinos al establecer un aumento de hasta cuatro meses sin cancelar las mensualidades obligatorias a los propietarios, sin que se aplique alguna penalización.

También destaca en la propuesta la realización de un censo de contratos de alquiler que persigue modifica el esquema de cálculo de los cánones de arrendamiento.

El proyecto enfatiza que en los casos donde existen decisiones judiciales a favor de los propietarios, los inquilinos no pueden ser desalojados si no existen pruebas donde quede certificado que hayan conseguido dónde habitar.

También, entre las disposiciones transitorias del proyecto del proyecto de herramienta jurídica se explica que con intención de erradicar el latifundio urbano “se obliga a todos aquellos propietarios de edificios de vieja data destinados al arrendamiento y construidos hasta el año 1987, a ofertar en venta los inmuebles que ocupan los inquilinos, ocupantes, o cualquier otra familia o persona que habite el inmueble en cuestión”.
La regulación de los espacios habitacionales establece que la regulación del precio del metro cuadrado en todo el territorio nacional tendrá el mismo costo y por lo tanto afectará a los vendedores inmobiliarios. El texto preliminar de esta herramienta jurídica no establece distinción alguna de las zonas dónde se encuentren las viviendas, por tanto las rentas en áreas lujosas bajarán y en zonas populares subirán su costo

OBSERVACIONES Y OBJECIONES

La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) hizo públicas sus sugerencias acerca del reglamento. En una carta al diputado Diosdado Cabello, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos, instancia que debate el proyecto de ley, explican que en función de que "se abra un profundo debate colectivo con presencia de organizaciones de inquilinos, organizaciones de propietarios, abogados especialistas en la materia, profesores universitarios, y entes públicos y privados, es necesario sincerar el tema".

“1.500.000 propietarios, de barriadas y viviendas de todo el país, serán perjudicados”, señala la misiva, y destaca que “de aplicarse esta ley se extinguirá definitivamente el alquiler de viviendas en todos los rincones de Venezuela”.

“El anteproyecto de arrendamiento pretende institucionalizar la venta obligatoria y expropiación al propietario de una vivienda como al dueño de más de cinco viviendas sin ofrecer garantías de pago”, apunta para finalizar.

La Defensoría del Pueblo también consignó, ante la Comisión de Administración y Servicios, sus observaciones y recomendaciones al proyecto de Ley de Arrendamiento Inmobiliario.

Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, consideró necesario incorporar algunas garantías adicionales a la ley para humanizarla y asegurar los derechos de las personas que sean objeto de desocupación.