Se amplían las sanciones en la Ley de Arrendamientos

La reforma del marco legal fue aprobada en segunda discusión por la AN

En las multas de la Ley de Alquileres se contemplan de hasta 400 Unidades Tributarias ENIO PERDOMO/ARCHIVO

 
La Asamblea Nacional aprobó la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en la cual el Gobierno fija el canon, ordena la venta de las viviendas en alquiler y además amplía las sanciones, que en gran medida recaen en los propietarios de los inmuebles.

Aunque el texto ya estaba en segunda discusión, los diputados de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional esta semana realizaron ajustes al informe final de la ley y con esos cambios de última hora las sanciones ahora ascienden a 17. La Ley las multas prevé multas entre 50 y 400 Unidades Tributarias (3.800 bolívares y 30.400 bolívares).

Los montos más altos, de 400 Unidades Tributarias, los tendrán que cancelar aquellos propietarios que, por ejemplo, al momento de vender la vivienda al inquilino no realicen los descuentos que plantea el texto en los precios finales, así como si no se garantiza el uso pacífico de las casas, o si se realizan desalojos bajo otras causales no previstas en la ley o si las condiciones de las viviendas no son las más adecuadas.

Si los dueños de los inmuebles no realizan el registro ante la Superintendencia de Arrendamiento, efectúan cobros indebidos del canon o los avisos de alquiler no cumplen con los términos del marco legal, las multas serán también de 400 Unidades Tributarias.

Las sanciones equivalentes a 100 y 50 Unidades Tributarias se aplicarán si los propietarios incumplen con las preferencias arrendaticias, no redactan los contratos de alquiler de acuerdo a los términos del marco legal, si realizan cobros en moneda extranjera, si no efectúan reintegros por los cobros en exceso o si no garantizan los servicios en las habitaciones.

Para los inquilinos solamente se contempla la sanción en caso de que hagan subarrendamientos, señala el proyecto.

Los parlamentarios no sólo hicieron cambios en las sanciones, también revisaron las disposiciones transitorias.

En la sexta disposición transitoria se señala que los propietarios tendrán que ofertar las viviendas a aquellos inquilinos que tienen más de 20 años arrendados. El proceso de venta de esas unidades será coordinado por la Superintendencia de Arrendamientos.

El presidente de la Comisión, Diosdado Cabello, dijo que más de 750.000 familias están en condición de inquilinos y se hace justicia. Agregó que se reconoce al pequeño arrendador.

Mercado irregular

Para los representantes del sector inmobiliario esta reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios impactará en el valor de la propiedad y creará un mercado irregular.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, señaló que "con ese marco legal ahora la propiedad vale menos" y agregó que "ante la diferencia que está en el texto de pequeños arrendadores y multiarrendedores se respeta la propiedad de unos, pero no de otros".

La visión de que el marco legal impulsará un mercado de alquileres irregular es compartida por Felipe Benítez, coordinador del Observatorio de Propiedad del Cedice, quien añadió que "el alquiler no desaparecerá por ser un servicio, pero la ley terminará creando otro mercado".

Detalló que cuando la ley entre en vigencia se profundizará la escasez de viviendas, debido a que la oferta de unidades en alquiler caerá y apuntó que por un breve lapso los precios de las viviendas bajarán, debido a que las operaciones de venta aumentarán.

Benítez apuntó que las nuevas reglas en materia de alquiler incrementarán el deterioro de los activos y generarán más expropiaciones.

Expresó que esa Ley de Arrendamientos se regirá por la política nacional de vivienda y, en ese contexto, el Gobierno está impulsando la propiedad familiar, por lo que no descarta que los inquilinos reciban las viviendas bajo esa nueva forma de propiedad.

El presidente de la República, Hugo Chávez, al terminar la sesión donde la norma fue aprobada, instó al Parlamento a acelerar la reglamentación de la Ley, para que pueda ser aplicada realmente y no quede en letra muerta.

fuente: EL UNIVERSAL
viernes 28 de octubre de 2011 

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